El Ayuntamiento de Benalmádena autoriza actividad ruidosa a Blankko


El pasado sábado 14 de junio, los vecinos volvieron a llamar a la Policía Local por las molestias que estaban ocasionando la actuación en directo con potentes equipos de música en el restaurante Blankko, cuyo exceso de volumen retumbaba en los edificios colindantes. Ruido que se alargó hasta las 23:40 horas.

La Policía Local señaló que dicho evento tenía autorización por parte del Ayuntamiento para hacer uso de la música en el exterior. Recordemos que este establecimiento no tiene licencia para poner música en el exterior, ni siquiera pueden poner un televisor en su terraza.

Según hemos podido confirmar a través de la Alcaldía del Ayuntamiento de Benalmádena, a pesar de las denuncias que los vecinos han realizado en el Ayuntamiento por la molestias que han provocado, en otras ocasiones (sin licencia para ello), la música y los conciertos en el exterior, esta vez el Ayuntamiento le ha concedido una autorización para poner música en el exterior para celebrar un evento privado. ¿Era tan imprescindible dicho evento para que el Ayuntamiento autorizara el ruido? ¿No se podía celebrar este evento en otro establecimiento de Benalmádena adecuado para dar conciertos? Sabemos que en Benalmádena hay pocos museos, pero locales de ocio adecuados para poner música, pensamos que hay algunos más.

Por parte de los vecinos, nos parece una aberración que el consistorio haya dado esta autorización sin tener en cuenta las denuncias anteriores y sin haber consultado con los vecinos y presidentes de los edificios colindantes, y sin haberles pasado ninguna nota informativa sobre la celebración de dicho evento para que pudieran haber previsto las molestias ocasionadas.

Este gesto es una muestra más, a pesar de lo que quieran decir desde Alcaldía, cómo este ayuntamiento ampara a los que se saltan las normas y desprotege a los que sufren las molestias y denuncian las irregularidades, que son los vecinos (los que con sus impuestos mantienen y dar de comer a los que ampara todas estas irregularidades).

En agosto de 2013, también hubo otro evento.


En agosto de 2013 también se celebró un evento que suponemos que ni siquiera le concedieron autorización, desde Alcaldía, para poner potentes equipos de músico. No hizo falta, pues el evento fue patrocinado por el propio Ayuntamiento de Benalmádena y en el que asistieron tres concejales del PP: Juan Adolfo Fernández Romero (concejal de Turismo), Yolanda Peña Vera (concejal de Cultura y Educación) y Concha Cifrián Guerrero (concejal de Vías y Obras) que asistió, además, en representación de la alcaldesa, Paloma García Gálvez (alcaldesa y concejal de Urbanismo). A dicho evento también asistieron representantes de otras entidades. Todos ellos se pasearon por estos terrenos a sus anchas sin las pertinentes licencias ni de obras ni de concesión. Además, como pudimos escuchar gracias al potente equipo de sonido que tuvo instalado en este restaurante en el exterior, la edil Concha Cifrián tuvo la desfachatez de dar un discurso agradeciendo la buena labor de la familia propietaria de dicho establecimiento, es decir, a los señores que se saltan y se ríen de la burocracia y hacen barbaridades en una zona histórica-artística.

Concha Cifrián agradeciendo a los propietarios su "buena labor"

Yolanda Peña dando un charla

Dado que ese día se rebasó con creces el aforo del local, el propio ayuntamiento colocó letrinas en una zona pública para evitar colapsos en los aseos del establecimiento.



No contentos con su presencia en ese día, varias semanas después, las dos ediles y trabajadores del Ayuntamiento asistieron al local para sentarse (suponemos que para tomar algo) en unos bancos colocados de forma ilegal sobre una cubierta del viario público, y que el ayuntamiento ha decretado su retirada por posible peligro de derrumbe. Por curiosidad, ¿serán algunos de estos trabajadores los que desde Alcaldía han tramitado la autorización del evento de este sábado pasado?

Concha Cifrián, Yolanda Peña y otros chicos y chicas del montón

No queremos ser suspicaces, pero aquí no huele a gatos encerrados, sino a leones.

La Fiscalía podría acusar a los responsables del Ayuntamiento por un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos.


Esta actuación llevada a cabo por el departamento de Alcaldía del Ayuntamiento de Benalmádena bien podría la Fiscalía acusarlo por un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos, tal y como ocurrió el pasado mes en Málaga en el que el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga donde se juzgó a cinco personas, dos de ellas exconcejalas populares del Ayuntamiento de Málaga acusadas de prevaricación, en relación con el ruido emitido por el restaurante Limonar 40, en el que se llevan a cabo distintos tipos de celebraciones y eventos.

La Fiscalía de Málaga acusó por un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos con riesgo grave para la salud a una sola persona, el que gestiona este restaurante de El Limonar, en el que se celebran bodas y eventos amenizados con música, a veces en directo. También le acusó de un delito de lesiones, solicitando tres años de prisión, multa y la clausura del local como salón de celebraciones.

Según el escrito de conclusiones del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, la actividad se inicia con una licencia de apertura de restaurante y salón de celebraciones "sin música". Los vecinos que presentaron la querella que dio origen a la causa residen frente a la puerta trasera del lugar donde se ubica el negocio y desde 2005 han tenido que avisar a la Policía Local y han denunciado ante el Área de Medio Ambiente "las molestias" por el ruido.

Así, en la calificación de la acusación fiscal se precisan nueve intervenciones de policías locales y una veintena de denuncias de los querellantes y otros vecinos. Según los informes aportados a la causa, las mediciones superaban los valores límites y máximos legalmente establecidos, además de que la actividad ruidosa va contra varias normativas y fue sancionada por el Ayuntamiento por el área de Industria al no tener licencia para poner música.

Además, acusaron a las exediles Patricia Marín y Araceli González por un delito de prevaricación por omisión, por el que pide tres años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años. Consideran que las denuncias y las llamadas debieron suponer el cierre del local y, aunque sancionó al establecimiento tres veces, se ha "permitido solapadamente la continuidad de la actividad y consecuentemente la contaminación acústica".

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