"Muchos propietarios no entienden por qué tienen que hacerse cargo de gastos que en otras urbanizaciones asumen los ayuntamientos"

Limpiar las aceras, cambiar farolas, contratar a una empresa para que recoja la basura, malezas o reparar el socavón en una calle… A simple vista, éstas parecen las tareas propias del Ayuntamiento de cualquier localidad. Pocos ciudadanos se imaginan se imaginan, sin embargo, que en algunas ocasiones están bajo la responsabilidad de muchas urbanizaciones, tal y como ocurre en Torremuelle.

ElConfidencial.com, en uno de sus reportajes sobre entidades urbanísticas, señala que hay urbanizaciones que, tal y como contemplaba su Plan Parcial, una vez fueron construidas, la promotora o constructora las entregó al Ayuntamiento correspondiente, delegando en los propietarios de las viviendas el mantenimiento y la conservación de los bienes de dominio público que la integran. Las calles, las zonas verdes, las farolas son propiedad del Ayuntamiento, pero de su conservación y mantenimiento se encargan los propietarios de los inmuebles.

Recordar su denominación no es tarea sencilla. Desde un punto de vista jurídico se las conoce como Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación (EUCC) y están reguladas por el Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto. Su aparición en el mercado residencial español no es, ni mucho menos, reciente. Algunas tienen hasta veinte años de antigüedad, aunque sí es cierto que han continuado surgiendo al calor del boom inmobiliario.

Muchos vecinos ya han dejado de pagar la comunidad de la urbanización.

En Torremuelle, como en otras urbanizaciones, el desconocimiento en torno al correcto funcionamiento de estas entidades (o mal llamadas "comunidades") ha comenzado a generar importantes fricciones entre quienes viven en ellas y los Ayuntamientos, hasta tal punto que muchos de sus vecinos han dejado de pagar las cuotas de la comunidad. “Muchos propietarios no entienden por qué tienen que hacerse cargo de gastos que en otras urbanizaciones asumen los ayuntamientos y estos no están precisamente en las mejores condiciones para asumir más gastos”, explica a El Confidencial Lola Pérez Bellón, abogada y experta en Urbanismo.

“En algunos municipio, muchos vecinos que utilizan esas viviendas como segunda residencia quieren ahorrarse algunos gastos y han comenzado a solicitar la disolución de estas entidades. No entienden por qué tienen que pagar y reponer el cableado eléctrico robado o los elevados gastos que exige, por ejemplo, la limpieza constante de un pinar, como sucede en una de las entidades ubicadas en El Espinar, Segovia”, comenta Pérez Bellón a El Confidencial

Y pone un ejemplo. En una de estas urbanizaciones sólo los gastos anuales en vigilancia ascienden a 200.000 euros. “Hablamos de 750 parcelas, por lo que cada vecino asume sólo en este concepto 266 euros. Si sumamos otra serie de gastos, no es de extrañar que muchos, si pueden, intenten ahorrarse más de 2.000 euros al año en una vivienda que no es la habitual”.

Muchos ayuntamientos no quieren asumir los gastos

Según la abogada Lola Pérez Bellón, el objetivo es devolver a los Ayuntamientos la responsabilidad de asumir esos gastos de conservación de lo urbanizado. Sin embargo, el problema ahora es que estos, agobiados también por la situación económica intentan, a toda costa, dilatar el proceso lo máximo posible.

La abogada explica que “hay entidades en cuyos estatutos de constitución figura un periodo máximo o una fecha a partir de la cual deben ser los entes locales los que deben asumir esos gastos. En otros casos, no existe fecha pero el Tribunal Supremo ha reconocido en una sentencia que estas entidades no pueden estar constituidas bajo esta figura jurídica eternamente y que pasados unos años, si se verifica que han cumplido con las obligaciones para las que fueron constituidas, se pueden disolver”.

Cada comunidad es un mundo. “En Castilla y León, por ejemplo, la legislación establece desde hace unos años que estas entidades deben durar un mínimo de 4 años y un máximo de 10”, explica a El Confidencial Julián Vivanco, alcalde de Marugán, un pueblo de la provincia de Segovia con tres EUCC donde reside el 70% de los cerca de 650 habitantes del pueblo.

"El desconocimiento de los propietarios del concepto, las funciones y derechos de la propia entidad es precisamente lo que está causando enfrentamientos con los Ayuntamientos", explica Lola Bellón. "Muchos vecinos de estas urbanizaciones consideran que se encuentran en general desatendidos por parte de la Administración, al no cumplir aquella con sus obligaciones y por no contar con su apoyo a la hora de solucionar los problemas que surgen en ellas".


Fuente: El Confidencial.com