VETO consigue "desbloquear" el expediente de las obras ilegales realizadas en el entorno de la Torre Vigía

El Ayuntamiento de Benalmádena le ha dado a los propietarios de Blankko 15 DÍAS para que presente alegaciones sobre los trabajos realizados de forma ilegal en el entorno de la Torre Vigía de Torremuelle.

El Ayuntamiento ADVIERTE que si en este plazo no presentan ninguna alegación o documento sobre las obras ilegales, PROCEDERÁN A INICIAR EL EXPEDIENTE PARA LA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA, es decir, que ordenaran a que todo el entorno vuelva a su estado original.

Después de tanta lucha y haber recogido cerca de 1000 firmas, por fin la Asociación de Vecinos de Torremuelle (VETO) ha podido conseguir que el Ayuntamiento y sus gobernantes escuchen sus reivindicaciones y pongan en marcha todos los trámites que sean necesarios para que este paraje recupere sus valores culturales e históricos (AQUÍ).

Debemos señalar que en julio de 2012 y en enero de 2014 se denunciaron estas obras ilegales en el Ayuntamiento. Pero no sirvió para nada. Durante todo ese tiempo, el anterior equipo de gobierno municipal mantuvo "bloqueado" el expediente en urbanismo porque supuestamente no interesaba tocar estas obras ilegales por diversas hipótesis. Como siempre, los intereses particulares de los "amiguetes" estuvieron por delante frente a los intereses generales, los valores culturales y las reivindicaciones y denuncias de los vecinos.

En este sentido, es preciso recordar que en 2001 los propietarios de Blankko presentaron en el Ayuntamiento un proyecto para construir 42 apartamentos, pero fue denegado ya que en la superficie privada del restaurante solamente se puede construir 20 viviendas. Para duplicar la construcción era necesario invadir la zona pública protegida de la torre (AQUÍ).

Según hemos podido saber a través de un periodista especializado en abordar asuntos de corrupción urbanística, en otros municipios para llevar a cabo un proyecto de similares características, el constructor corrupto suele invadir "sigilosamente" una zona publica contigua a su propiedad. Una vez "controlada" la zona pública, el constructor corrupto solicita una licencia para las viviendas legales que puede construir de acuerdo a la superficie de su verdadera propiedad, pero en realidad construye las viviendas que quiere invadiendo los metros de zona pública que necesita. El constructor sabe que normalmente son muy pocos los ayuntamientos en los que su departamento de Disciplina Urbanística opta por derrumbar las viviendas construidas de más. Por tanto, una vez acabada la edificación y con la supuesta "connivencia política" con la que suelen contar los constructores corruptos, se le recalifica el terreno, se legaliza la construcción, se vende… y, por consiguiente, se reparten los "beneficios" entre todos los que han participado en el supuesto proyecto. Es triste, pero así suele ocurrir en muchos municipios de nuestro país; según nos cuenta este periodista.

VETO espera que este DECRETO garantice que este paraje vuelva a ser lo que fue: parte de nuestra historia y el Patrimonio Cultural de todos los ciudadanos.