El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 3 de Málaga ha ordenado la ejecución forzosa de la
sentencia que obliga al Ayuntamiento de Benalmádena a proceder a la demolición del
apartotel Vista de Rey, ubicado en la urbanización Torremuelle, en el plazo de
tres meses.
El auto, al que ha tenido acceso TORREMUELLE INFORMACIÓN, fue notificado a principio de esta semana a la
abogada de la Asociación de Vecinos de Torremuelle (VETO), Inmaculada Gálvez, quien
en noviembre de 2016 instó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en
julio de 2011. En el mismo se subraya que si en el plazo establecido el
Ayuntamiento de Benalmádena no ha procedido al derribo del referido edificio, el
Juzgado acordará, a costa del Ayuntamiento, la ejecución subsidiaria que será
dirigida por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
Asimismo, el magistrado requiere
que el auto sea notificado "personalmente" al alcalde, Víctor Navas, para
que quede "apercibido de sus obligaciones y consecuencias del incumplimiento"
de dicha ejecución.
En cuanto al concejal de Urbanismo,
Óscar Ramundo -que en el Pleno municipal de diciembre del año pasado consideró
que demoler el apartotel era una "desproporcionalidad brutal e
inaudita" y sostuvo la posible legalización del mismo-, el titular del
Juzgado advierte al edil sobre la imposición de "multas coercitivas" -con
cargo al patrimonio personal y cuyo impago determinará la vía de apremio- si no
se lleva a cabo la demolición del inmueble, así como de deducir testimonio por presunto
delito de desobediencia.
El auto, que puede ser recurrido
en apelación, indica que "las costas del incidente se imponen al Ayuntamiento de Benalmádena", y recuerda que sobre el apartotel ya pesa una orden de derribo
acordada en una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio de 2011, al
decretar la nulidad de la licencia de obra concedida en su momento. A pesar de
ello, el Ayuntamiento de Benalmádena ha mantenido durante todo este tiempo la
tesis de una "posibilidad de legalización".
Según los vecinos de Torremuelle,
entre 2011 y 2016, la ejecución de la sentencia "quedó paralizada"
debido a que el presidente, elegido en 2010, de la Comunidad de Propietarios -que
denunció la ilegalidad de la edificación en 2005- estuvo gestionando y
explotando este establecimiento hotelero. Dado al supuesto "desinterés"
del presidente de la Comunidad de Propietarios de mover lo dictado en la
sentencia, los miembros de la Asociación de Vecinos de Torremuelle (VETO)
decidieron solicitar la ejecución forzosa de la misma.
Más de una década en pleitos
La decisión del Juzgado de lo
Contencioso es la última de un proceso judicial que se inició en 2005, cuando la
Comunidad de Propietarios de Torremuelle se enfrentó a la construcción de este
apartotel. Los vecinos iniciaron entonces una serie de movilizaciones en la
calle contra las obras, y además interpusieron una denuncia contra el
Ayuntamiento por otorgar la licencia y un interdicto de paralización de los
trabajos, «que fue rechazado a los pocos días», según explicó -en noviembre de
2006- a Diario Sur el entonces alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín.
Los vecinos siempre han defendido
que se trataba de una licencia concedida de forma ilegal, y por ello realizaron
denuncias por la vía civil y penal. E incluso, en mayo de 2006, los tres grupos
de la oposición (PP, PSOE e IU) presentaron una moción para que el pleno
declarase nula esta licencia de obras, pero el equipo de gobierno de Enrique
Bolín, ex alcalde del municipio, rechazó la propuesta (AQUÍ).
Como informó en su día Diario
Sur, tanto los vecinos de Torremuelle como la oposición de entonces
coincidieron en calificar de fraudulenta la licencia, ya que se cursó «con
informes negativos de los técnicos y se está vulnerando el uso hotelero para
vender apartamentos». Por estas razones, y atendiendo a las posibles
repercusiones económicas que tendría una sentencia en contra de la licencia,
solicitaron su anulación.
La denuncia que presentó los
vecinos de Torremuelle no impidió que el promotor ejecutara la obra del
apartotel que, a fecha de hoy, está más que finalizada y el establecimiento
lleva años abierto al público. Además de ello, muchas de sus habitaciones han
sido vendidas, posteriormente, a particulares como apartamentos, algo que los
vecinos se cuestionan ya que desconocen "si esto es legal, o no, construir
un apartotel y luego vender habitaciones por separado".
Según la sentencia del TSJA, se
han incumplido varios parámetros urbanísticos en la citada edificación. Entre
ellas, señala que «la referida licencia responde al uso reflejado en la
normativa como H-3 "Hoteles-apartamento", dentro del uso
comercial-residencial (H) no ajustándose al uso especificado en su
correspondiente ficha reguladora, H-1 "Hoteles". Por lo tanto no cabe
entender cómo se ha permitido el uso del hotel-apartamentos. Por otro lado, se
exige un mínimo de cuatro estrellas y a la edificación autorizada se le ha
asignado tres estrellas».
3 Comentarios
¡ Por fin se hace justicia, con los Vecinos afectados!
ResponderEliminarsi la justicia lo derriba por irregularidades,perfecto pero la deuda de la comunidad que la pague el promotor y el presidente de la comunidad los años que lo a regentado por la cara,de listos está uno harto,mientras lo han explotado,no decían nada o también hay que meterlos al juzgado por chorizos,o me van a contar que lo tienen que pagar a los qué han estafado
ResponderEliminarsi hay sentencia para derribarlo,ya están tardando en tirarlo,que les sirva de escarmiento al ayuntamiento (que indenice) y al narco(explotandolo cuando ha estado)
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