La Comunidad de Torremuelle presentó un escrito en el juzgado para "evitar" la demolición del Hotel Vista de Rey sin aprobarse en ninguna Junta de Propietarios

Según hemos podido saber, el pasado mes de noviembre, tras recibir el auto que obligaba ejecutar la demolición del Hotel Vista de Rey, el abogado de la Comunidad General de Propietarios de Torremuelle -supuestamente por decisión de la Junta Directiva- presentó un escrito en el juzgado en apoyo a los propietarios del Hotel Vista del Rey optando por la indemnización sustitutoria en vez de la demolición. Todo ello sin convocar a los propietarios a una asamblea para acordar adoptar esta decisión u otra, después de tantos años de pleitos y miles de euros gastados en abogados y procuradores.

Por supuesto, en dicho escrito se oculta que el presidente de la Comunidad, Kamran Motamedi, es propietario de dos plazas de garaje de dicho establecimiento y que durante varios años fue el gerente del mismo.

En nuestra opinión, dicho escrito responde única y exclusivamente a la línea de defensa de los supuestos intereses mercantiles, económicos y espurios del presidente de la Comunidad de Propietarios de Torremuelle, y no como representante legal de ésta. El escrito manifiesta, en primer lugar, que la Comunidad no había sido la ejecutante de la sentencia de demolición y, en segundo lugar, lo "motiva" a los efectos de evitar una eventual responsabilidad para solicitar que se declare la inejecución de la sentencia y se fije una indemnización sustitutoria.

En este sentido, ¿quién es la Junta Directiva de la Comunidad para decidir, sin convocar una asamblea previamente, la no ejecución de la sentencia y solicitar una indemnización sustitutoria para no afectar a los "actuales propietarios" de dicho establecimiento entre los que se encuentra el presidente de la Comunidad de esta urbanización? 

Nos parece lamentable que la Junta Directiva de esta Comunidad haya decidido actuar así sin convocar previamente una asamblea que acredite la voluntad mayoritaria de la Junta de Propietarios. Para adoptar esta decisión, se debería haber convocado una asamblea extraordinaria e incluir este asunto de forma expresa en el Orden del Días y con antelación suficiente dar la información detallada a los propietarios, pues al igual que se nos exigió en 2005 acreditar el acuerdo y autorización de aquél órgano para la interposición del recurso y demás acciones judiciales, se nos debería exigir que se acredite este acuerdo.

El citado escrito presentado en el juzgado advierte que el hotel «está dividido horizontalmente y vendido a terceros de "buena fe" que no han sido notificados por el Ayuntamiento de Benalmádena» y que la inejecución de la Sentencia y la obligación por parte del Ayuntamiento de "asumir el pago de una indemnización sustitutiva" haría que los actuales propietarios, "terceros de buena fe no se viera afectados en su propiedad provocando daños irreparables". Llegado a este punto, cómo se puede decir que los actuales propietarios son de "buena fe" cuando muchos de ellos, como el presidente de la Comunidad, sabían que el hotel estaba denunciado por la propia Comunidad desde el año 2005 y que en 2011 había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ya dio por nula la licencia de dicho hotel.

No hay que olvidar que el presidente de la Comunidad desde el año 2010 fue el gerente del hotel Vista del Rey y que en 2014 adquirió dos plazas de aparcamientos cuando ya sabía que una sentencia dictada en 2011 declaraba el hotel como "ilegal". Por lo que nos da la sensación de que la Comunidad de Propietarios actualmente no está defendiendo los intereses generales de los vecinos de esta urbanización, sino los intereses del presidente y de un grupo de propietarios de un hotel ilegal que a partir de 2008 se decidió dividirse y venderse en varias partes para "entorpecer" una posible demolición.

Un juzgado ordena la demolición del Hotel Vista de Rey

El pasado mes de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga ordenó la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Benalmádena a proceder a la demolición del apartotel Vista de Rey, ubicado en la urbanización Torremuelle, en el plazo de tres meses.

El auto, que posteriormente ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Benalmádena en apelación, recuerda que sobre el apartotel ya pesa una orden de derribo acordada en una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio de 2011, al decretar la nulidad de la licencia de obra concedida en su momento. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Benalmádena ha mantenido durante todo este tiempo la tesis de una "posibilidad de legalización".

Entre 2011 y 2016, la ejecución de la sentencia "quedó paralizada" debido a que el presidente, elegido en 2010, de la Comunidad de Propietarios -que denunció la ilegalidad de la edificación en 2005- estuvo gestionando y explotando este establecimiento hotelero. Dado al supuesto "desinterés" del presidente de la Comunidad de Propietarios de mover lo dictado en la sentencia, los miembros de la Asociación de Vecinos de Torremuelle (VETO) decidieron solicitar la ejecución forzosa de la misma.

Más de una década en pleitos

La decisión del Juzgado de lo Contencioso será la última de un proceso judicial que se inició en 2005, cuando la Comunidad de Propietarios de Torremuelle se enfrentó a la construcción de este apartotel. Los vecinos iniciaron entonces una serie de movilizaciones en la calle contra las obras, y además interpusieron una denuncia contra el Ayuntamiento por otorgar la licencia y un interdicto de paralización de los trabajos, «que fue rechazado a los pocos días», según explicó -en noviembre de 2006- a Diario Sur el entonces alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín.

Como informó en su día Diario Sur, tanto los vecinos de Torremuelle como la oposición de entonces coincidieron en calificar de fraudulenta la licencia, ya que se cursó «con informes negativos de los técnicos y se está vulnerando el uso hotelero para vender apartamentos». Por estas razones, y atendiendo a las posibles repercusiones económicas que tendría una sentencia en contra de la licencia, solicitaron su anulación.

La denuncia que presentó los vecinos de Torremuelle no impidió que el promotor ejecutara la obra del apartotel que, a fecha de hoy, está más que finalizada y el establecimiento lleva años abierto al público. Además de ello, muchas de sus habitaciones han sido vendidas, posteriormente, a particulares como apartamentos, algo que los vecinos se cuestionan ya que desconocen "si esto es legal, o no, construir un apartotel y luego vender habitaciones por separado".