El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Málaga ha desestimado el recurso que interpuso el propietario del local contra el Ayuntamiento de Benalmádena, que tras denegar todas sus alegaciones, le requirió la reposición inmediata a su estado original de las obras ejecutadas, de forma ilegal, en el entorno de la torre vigía de Torremuelle. La demanda fue interpuesta por la entidad Liperspoper S.L., empresa propietaria del restaurante contiguo quien, con la pretensión de apropiarse del terreno público, mandó construir de forma ilegal una jardinera, un muro y varias estancias, además de enfoscar y pintar de blanco las piedras de los muretes de la zona, protegida por la cercanía del BIC, para adaptarlas a la estética de su establecimiento. Dicha empresa se negaba a demoler dichas obras ilegales porque consideraba que el terreno público era de su propiedad.
La empresa propietaria del restaurante pidió a la Sala que se declarase nulo y "sin efecto el expediente sancionador administrativo procediendo a su archivo y confirmando la legalidad de las obras denunciadas", basándose en la tesis de que el pago de la sanción que le impusieron "legaliza las obras". De igual modo, alegó que no era "manera legal la medida de reposición a su estado original porque las obras están legalizadas y en todo caso estaría prescrita la infracción". En este sentido, el Magistrado rechaza los argumentos presentados por la mercantil y destaca en la sentencia que el recurrente "en el acto del juicio siga manteniendo la vulneración de los principios rectores del procedimiento sancionador y lo más sorprendente que mantenga que el abono de una sanción interpuesta por la Junta de Andalucía legalice de facto unas obras incompatibles con la ordenación urbanística". El Juez insiste que "la medida de demolición acordada no constituye una sanción propiamente dicha, sino el mecanismo adecuado para el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada".
La sentencia, fechada a ocho de mayo, es firme y contra la misma no cabe recurso de apelación. Además, condena a la mercantil a pagar las costas procesales.
Los miembros de la Asociación de Vecinos de Torremuelle, que desde el año 2012 llevan denunciando estas obras ilegales en distintos organismos y han realizado movilizaciones tanto en la calle como en las redes sociales, han recibido con mucha alegría la decisión del Juzgado, y esperan que pronto "todo el entorno vuelva a su estado original para recuperar los valores culturales del conjunto histórico y evitar que en un futuro se apropien del terreno público para construir en la zona". Igualmente, desean poner fin a esta lucha vecinal que ha durado más de ocho años, aunque aún no saben cuándo se realizarán las obras de reposición. Tampoco saben si el empresario realizará dichas obras o será el Ayuntamiento de Benalmádena quién las ejecute de forma subsidiaria, actuaciones que ya fueron presupuestadas por el Consistorio en unos 6.000 euros.
Los vecinos recuerdan que "el objetivo de los propietarios del restaurante contiguo era apropiarse del terreno público, como así lo han manifestado públicamente en varias ocasiones. Por lo visto, en la zona privada del restaurante solo se les permite construir 20 apartamentos, pero con la apropiación del terreno público podrían duplicar el número de viviendas, por lo que los intereses especulativos son evidentes", destacan los vecinos. "Es más, en 2001, uno de los propietarios del restaurante presentó un proyecto para construir 42 apartamentos alrededor de la torre y, además, pretendía quedarse con 1531,27 metros cuadrados de zona pública (AQUÍ)", apostilla el colectivo.
Esta situación viene promovida después de que la asociación vecinal denunciara las mencionadas obras ilegales en el Ayuntamiento, así como también en la Delegación de Cultura, en el Defensor del Pueblo y en la Fiscalía de Málaga tras contar con la colaboración y asesoramiento de la actual concejala de Puerto Marina, Encarnación Cortés (PSOE), cuando estaba en la oposición. De igual forma, en marzo de 2014 -cuando el gobierno local lo encabezaba el PP-, los vecinos también emprendieron una protesta en la puerta del Ayuntamiento y una recogida de firmas que consiguió cerca de 1.000 respaldos, en las que se incluía la firma del actual alcalde, Víctor Navas (PSOE), por entonces concejal en la oposición.
A pesar de que un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento indicara que la interposición de un recurso contencioso-administrativo "no puede implicar automáticamente la suspensión de la ejecución del acto impugnado", el Gobierno municipal no ha movido ficha para realizar los trabajos de reposición de forma subsidiaria con cargo a la empresa responsable del restaurante. Tampoco desde que saliera esta sentencia a principio del mes de mayo.
La sentencia, fechada a ocho de mayo, es firme y contra la misma no cabe recurso de apelación. Además, condena a la mercantil a pagar las costas procesales.
Los miembros de la Asociación de Vecinos de Torremuelle, que desde el año 2012 llevan denunciando estas obras ilegales en distintos organismos y han realizado movilizaciones tanto en la calle como en las redes sociales, han recibido con mucha alegría la decisión del Juzgado, y esperan que pronto "todo el entorno vuelva a su estado original para recuperar los valores culturales del conjunto histórico y evitar que en un futuro se apropien del terreno público para construir en la zona". Igualmente, desean poner fin a esta lucha vecinal que ha durado más de ocho años, aunque aún no saben cuándo se realizarán las obras de reposición. Tampoco saben si el empresario realizará dichas obras o será el Ayuntamiento de Benalmádena quién las ejecute de forma subsidiaria, actuaciones que ya fueron presupuestadas por el Consistorio en unos 6.000 euros.
Los vecinos recuerdan que "el objetivo de los propietarios del restaurante contiguo era apropiarse del terreno público, como así lo han manifestado públicamente en varias ocasiones. Por lo visto, en la zona privada del restaurante solo se les permite construir 20 apartamentos, pero con la apropiación del terreno público podrían duplicar el número de viviendas, por lo que los intereses especulativos son evidentes", destacan los vecinos. "Es más, en 2001, uno de los propietarios del restaurante presentó un proyecto para construir 42 apartamentos alrededor de la torre y, además, pretendía quedarse con 1531,27 metros cuadrados de zona pública (AQUÍ)", apostilla el colectivo.
Esta situación viene promovida después de que la asociación vecinal denunciara las mencionadas obras ilegales en el Ayuntamiento, así como también en la Delegación de Cultura, en el Defensor del Pueblo y en la Fiscalía de Málaga tras contar con la colaboración y asesoramiento de la actual concejala de Puerto Marina, Encarnación Cortés (PSOE), cuando estaba en la oposición. De igual forma, en marzo de 2014 -cuando el gobierno local lo encabezaba el PP-, los vecinos también emprendieron una protesta en la puerta del Ayuntamiento y una recogida de firmas que consiguió cerca de 1.000 respaldos, en las que se incluía la firma del actual alcalde, Víctor Navas (PSOE), por entonces concejal en la oposición.
A pesar de que un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento indicara que la interposición de un recurso contencioso-administrativo "no puede implicar automáticamente la suspensión de la ejecución del acto impugnado", el Gobierno municipal no ha movido ficha para realizar los trabajos de reposición de forma subsidiaria con cargo a la empresa responsable del restaurante. Tampoco desde que saliera esta sentencia a principio del mes de mayo.
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