El Tribunal Supremo (TS) desestima el recurso de casación, presentado por el Ayuntamiento de Benalmádena en agosto de 2020, contra la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de las Andalucía (TSJA) confirmaba - el 4 de junio de 2020- el auto de este mismo órgano judicial que ordenaba la demolición del hotel Vista de Rey -ubicado en Torremuelle- en un plazo máximo de tres meses, y advertía en el mismo que si, cumplido dicho plazo, no se hubiera ejecutado lo ordenado, se “impondrían al Concejal Delegado de Urbanismo multas coercitivas cada 20 días que transcurriese sin ejecutar en cuantía comprendida entre los 300 y 1200 euros; todo ello con cargo al patrimonio personal de aquel y sin perjuicio de deducir testimonio por posible delito de desobediencia”.
Los magistrados del Alto Tribunal entienden que no existe «interés casacional objetivo y la necesidad de un pronunciamiento de esta Sala Tercera". El fallo del Supremo, que es firme, impone además las costas procesales a la parte recurrente, «cuyo límite cuantitativo máximo queda fijado, por todos los conceptos, en 500 euros más IVA si procede, en favor de cada una de las dos recurridas y personadas"
Aunque el alcalde, Víctor Navas, siempre defendió que la obra “es legalizable”, ya en la sentencia de hace diez meses, el motivo esgrimido por el TSJA para desestimar la reclamación del Ayuntamiento aludía a la ilegalidad de la licencia de obras. El tribunal insistía que “la demolición de lo construido, al amparo de una licencia declarada ilegal, es una consecuencia natural de la nulidad de dicha licencia como medida precisa y adecuada para la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada”.
Los hechos se remontan al año 2001, cuando el entonces alcalde, Enrique Bolín, concedió mediante un decreto de Alcaldía la licencia de obra para la construcción de este hotel junto a la estación de Cercanías de Torremuelle. La comunidad de propietarios de esta urbanización trasladó el asunto a los juzgados al considerar que el procedimiento estaba plagado de irregularidades. En 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la sentencia que declaraba nula la licencia de obras concedida por decreto de Alcaldía.
Parece ser que el Ayuntamiento de Benalmádena ya ha quemado sus últimos cartuchos para oponerse a la decisión de la justicia y al deseo de los miembros de la Asociación de Vecinos de Torremuelle que llevan dos décadas luchando para acabar con esta pesadilla. Ahora el caso vuelve al TSJA que decidirá cómo ejecutar la sentencia que obliga a la demolición del hotel.
La decisión del Tribunal Supremo pone punto y final a un proceso judicial que se inició en 2005, cuando la comunidad de propietarios de Torremuelle se enfrentó a la construcción de este hotel. Los vecinos iniciaron entonces una serie de movilizaciones en la calle contra las obras, y además se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento por otorgar la licencia y un interdicto de paralización de los trabajos, «que fue rechazado a los pocos días», según explicó -en noviembre de 2006- al diario Sur el entonces alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín.
Los vecinos siempre han defendido que se trataba de una licencia concedida de forma ilegal, y por ello realizaron denuncias por la vía civil y penal. E incluso, en mayo de 2006, los tres grupos de la oposición (PSOE, IU y PP) presentaron una moción para que el pleno declarase nula esta licencia de obras, pero el equipo de gobierno de Enrique Bolín, ex alcalde del municipio, rechazó la propuesta. Como informó en su día diario Sur, tanto los vecinos de Torremuelle como la oposición de entonces coincidieron en calificar de fraudulenta la licencia, ya que se cursó «con informes negativos de los técnicos y se está vulnerando el uso hotelero para vender apartamentos». Por estas razones, y atendiendo a las posibles repercusiones económicas que tendría una sentencia en contra de la licencia, solicitaron su anulación.
Viendo que el equipo de gobierno de Enrique Bolín no daba marcha atrás al proyecto, los partidos políticos de la oposición de entonces (PSOE, IU y PP) animaron a los vecinos a emprender acciones legales. Por ello, ahora los vecinos de Torremuelle se sorprenden que el actual equipo de Gobierno, formado por PSOE e IU, haya recurrido el auto hasta el Tribunal Supremo para intentar “tapar las corruptelas de anteriores corporaciones y alcaldes” cuando en su día estos partidos políticos apoyaban al colectivo vecinal.
La denuncia que presentaron los vecinos de Torremuelle no impidió que el promotor ejecutara la obra del hotel excediendo, incluso, el techo de edificabilidad en más de 700 metros cuadrados. A fecha de hoy, la obra está más que finalizada y el establecimiento lleva años abierto al público. A pesar de que el promotor conocía la Sentencia de 2011 que declaraba nula la licencia de obras y ordenaba su demolición, eso no le obstaculizó para vender, posteriormente, la mayoría de las habitaciones del establecimiento como apartamentos a numerosos particulares, así como también sus plazas de aparcamientos; probablemente con la intención de dificultar el trabajo de la justicia.
----------
NOTA PRENSA PUBLICADA EN:
0 Comentarios